Sucede con cierta frecuencia que ciudadanos que no se dedican al negocio inmobiliario, pero sí son propietarios de una o algunas viviendas que quieren arrendar para obtener una pequeña renta, no pueden efectuarlo, por necesitar dichas viviendas de una importante reforma, pero carecen de recursos económicos para poder llevarla a cabo, problema que se ha incrementado en los últimos años con la crisis que hemos padecido . Por ello, desde hace un tiempo abundan los contratos de arrendamiento en los que el arrendatario se obliga a efectuar unas reformas en la vivienda alquilada, previamente pactadas con el arrendador, a cambio de un periodo de carencia, es decir, una exención o disminución en el precio del alquiler total o parcialmente, por el tiempo que se determine, posibilidad que ya está prevista en en el Artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Naturalmente debe quedar claro en los pactos a firmar, cuales son las obras de reforma o rehabilitación a realizar por el arrendatario, el coste de las mismas , el tiempo de duración del arrendamiento, suficiente para que pueda amortizarse dicho coste, y la exención total o parcial en el pago del alquiler, así como las garantías precisas tanto para el arrendador (que se efectúen las obras) como para el arrendatario (que no le resuelvan el contrato antes del tiempo pactado).
Habitualmente dichas garantías pueden consistir en la constitución de un depósito o aval previo, o en el pago de una indemnización económica por el incumplimiento que haya tenido lugar, a cargo de la parte in cumplidora.
La ventaja para el arrendador, es que dichas obras de reforma quedarán en su provecho definitivo sin tener que pagar indemnización alguna y para el arrendatario que habrá hecho la reforma a su propio gusto y disfrutando de la vivienda reformada, sin coste adicional mas allá del precio del alquiler pactado.
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Sobre el autor:
Francesc Fortuny
DiG Abogados
