Empresas con problemas patrimoniales
Desde el año 2008 ha estado en vigor el Real Decreto Ley 10/2008 que, en determinados casos, permitía a las empresas con problemas patrimoniales, no instar la disolución de la compañía con fondos propios inferiores a los legalmente exigibles, salvaguardando de este modo las responsabilidades de los administradores de dichas empresas.
La norma, prorrogada por el Gobierno desde 2008 hasta 2014, determinaba que, de forma extraordinaria, no se computarían las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias o las existencias.
Principalmente se quiso evitar el cierre de empresas del sector inmobiliario que, como consecuencia de los deterioros indicados, tuvieran un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social y por tanto estuvieran inmersas en causa obligatoria de disolución de la compañía por pérdidas sociales.
Además, en la prórroga del 2014, el Gobierno fue más allá y no sólo prorrogó el contenido anterior sino que añadió unos nuevos supuestos a la lista de deterioros excluidos del cómputo de pérdidas: los provenientes de préstamos y partidas a cobrar.
Como para el año 2015 el Gobierno ha decidido no prorrogar dicha norma, muchas empresas con problemas patrimoniales y sus Administradores deberán examinar cuidadosamente si se ven afectadas por estar incursas en causa de disolución obligatoria, debiendo, en su caso, adoptar las medidas legales oportunas.
Ello afectará tanto a las Sociedades Anónimas como a las Sociedades Limitadas, afectando asimismo a las Sociedades Anónimas, cuyo patrimonio neto no supere las 2/3 partes del capital social y que por tanto estén obligadas a reducir su capital social para adecuar su patrimonio, situación la cual también se había visto favorecida por la excepcionalidad de no cómputo de los deterioros, reconocida por el Real Decreto Ley 10/2008 y sus posteriores prórrogas.
Sobre el autor:
Marcos Jimenez de Parga
DiG Abogados
